Si alguien todavía no tiene claro el sin sentido de la Ley Sinde que vea este vídeo de la conferencia que hace David Bravo al respecto en el pasado Festival de Cine de San Sebastian.
Vía | Blog de David Bravo
Actualmente vivimos en un mundo globalizado en el que podemos comprar productos y servicios a cualquier parte del mundo sin movernos de casa. Esto es especialmente cierto con la App Store. Cierto que la compra la realizamos en la App Store de un país concreto pero el desarrolador puede estar en cualquier parte del mundo. Y así, con tan sólo un par de clics tendremos descargado e instalado en nuestro Mac una nueva aplicación. Personalmente creo que esta es una de las razones del éxito de la App Store, la facilidad de búsqueda, pago e instalación de nuevas aplicaciones. Como resultado tendremos un nuevo icono en nuestro Dock y un recibo en nuestro buzón de entrada. Pero, ¿y la factura? Bueno, recientemente hice una compra de una aplicación en la Mac App Store y quise averiguar la respuesta. Para recibir la factura tan sólo tendremos que solicitarla en la página de soporte indicando nuestro número de pedido (vendrá en el recibo que habrá llegado a nuestro buzón de correo) y nuestro VAT intracomunitario (que es nuestro NIF precedido de ES). Así hice y rápidamente (al día siguiente) recibí un email con la factura correspondiente. Aquí descubrí que el país desde el que se emite la factura es Luxemburgo y supongo que la elección de este no es casual y responde al bajo IVA que allí se aplica (de un 15%). Supongo también que se actuara de igual manera en todos los países de la Union Europea aunque desconozco hasta que punto esta práctica es legal. Con lo que, sin tener ningún dato adicional con el que basarme, intuyo que el IVA ingresado de todas las ventas de la Mac App Store a nivel comunitario debe de ser una cifra nada despreciable para Luxemburgo mientras que el resto de Estados miembro se quedan mirando (o ni eso) como dejan de ingresar por la venta de software. Bien por Luxemburgo que ayuda al consumo no incrementando los impuestos sobre el producto.
Una vez más, ayer salieron a la calle cuatro energúmenos que son incapaces de entender que si bien es totalmente lícita y respetable su derecho a la huelga o la de los motivos por los que se convoca, también debe ser respetado el derecho de aquellos que desean trabajar y no quieren secundarla.
Pero parece que a estos intransigentes cabezas de melón cuando no consiguen hacer compartir sus motivos mediante el diálogo y el razonamiento es cuando hacen uso de lo único que parece que vienen predispuestos a hacer: los descalificativos, la amenaza y la violencia. Y además, los muy cenutrios, se sienten orgullosos de sus actos.
Ilustración de García Moran/La Gaceta de Salamanca
Hemos hecho llegar este mensaje a todos los diputados y diputadas:
Este martes 21 de septiembre de 2010, se acaba el plazo para que los grupos parlamentarios puedan aportar sus enmiendas a Ley de Economía sostenible y, con ella, la Disposición Final Segunda (anteriormente Disposición Final Primera) o “Ley Sinde” que ataca los derechos fundamentales en Internet en favor de lobbies industriales que no quieren reconvertirse. La misma Disposición cuya retirada cientos de miles de ciudadanos y ciudadanas han pedido de todas las formas.
Recordamos además que esta Disposición se ha introducido de espaldas al propio parlamento: ha sido creada mientras una SubComisión Parlamentaria estaba trabajando sobre la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual. La Disposición final Segunda a sido introducida en la Ley de Economía Sostenible sin escuchar las conclusiones de dicha subcomisión que propone una reforma en profundidad de la Ley de Propiedad Intelectual para encarar con seriedad y beneficio general los problemas generado por las innovaciones de la era digital. La disposición Final Segunda tiene que caer también porque representa un desprecio a la labor de los diputados que son los reprentantes de los ciudadanos y ciudadanas de este país.
Queremos también recordar a los diputados que la ciudadanía pide que se desactive una ley que no ampara los derechos mínimos:
1 – No se puede concebir una ley que afectan intereses particulares y no generales donde el juez no pueda entrar en el fondo del asunto, ofreciendo todas las garantías legales a los ciudadanos y emprendedores que están operando en Internet. Cerrar el acceso a un sitio Web puede devastar la economía de un pequeño y mediano emprendedor. Los ciudadanos no debemos asumir la reconversión de las Majors.
2 – No se deben mezclar asuntos del orden de la competencia desleal, como puede ser lucrarse del trabajo de otro sin que esto repercuta sobre este último, con la libertad de enlazar, citar y compartir, que son la esencia misma de Internet, una herramienta crucial para el futuro.
3 – Es inadmisible que se legisle en favor de un sector económico atrasado en su reconversión a expensas de los emprendedores que están ya implementando las oportunidad de la era digital. El ministerio de Cultura no está a la altura del alcance del problema. Ha invertido un tercio de sus recursos en Industrias Culturales y ahora necesita una Comisión nada imparcial para rentabilizar estos recursos, distorsionando el desarrollo normal de la economía cultural. Antes el ladrillo, ahora la copia. No reproduzcamos una burbuja de los contenidos de entretenimiento.
El respeto y la comprensión de las opciones que ofrece Internet son la salida de la crisis. La disposición final segunda de la LES nos está negando el futuro.
Vía | red-sostenible.net
Imagen: Eneko/20minutos.es
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